ROBO DE ARCHIVOS DE ABOGADO CTA

LLAMADO URGENTE - EL OBSERVATORIO

ARG 001 / 0207 / OBS 022

Allanamiento y robo

ARGENTINA

21 de febrero de 2007


El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Argentina.

Descripción de la situación:

El Observatorio ha recibido con preocupación informaciones del Comité de Acción Jurídica (CAJ) sobre el allanamiento del consultorio jurídico y el robo de importante información contenida en los archivos de computador y en el fax del Sr. Horacio Meguira, miembro del CAJ y abogado laboralista, fundador y apoderado general (Director del Departamento Jurídico) de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), en hechos ocurridos en la ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con las informaciones, el 18 de febrero de 2007, personas desconocidas ingresaron violentamente en el consultorio jurídico del Sr. Meguira, aprovechando la ausencia de quienes allí trabajan. Destruyeron la puerta de ingreso, se dirigieron directamente al despacho del Sr. Meguira (a pesar de que allí mismo se encuentran otros despachos) y sustrajeron el disco duro de su computador y el fax que contiene la memoria de todos los intercambios de documentos enviados y recibidos.

Después de una evaluación minuciosa del lugar, se pudo establecer que ningún otro objeto había sido robado, ni ningún otro despacho había sido atacado, descartándose de esta forma la hipótesis de un robo por parte de la delincuencia común.

El Observatorio teme que este hecho intimidatorio se haya originado en el trabajo del Sr. Meguira en la defensa de los derechos humanos en el campo laboral, ya que el mismo ocurre en un contexto de degradación del clima de seguridad para los defensores de derechos humanos y testigos en Argentina que buscan dar su aporte en la lucha contra la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar1.

El Observatorio condena estos nuevos hechos de hostigamiento de los defensores de derechos humanos en Argentina y señala también su preocupación por este tipo de prácticas que se enmarcan dentro de la intimidación y acoso en contra de los defensores de derechos humanos en Argentina.

Acción solicitada:

Favor dirigirse a las autoridades de Argentina urgiéndolas a:

i. tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del Sr. Horacio Meguira, de la de todos los miembros del Comité de Acción Jurídica (CAJ) y del Departamento Jurídico de la CTA, y en general de todos los defensores de derechos humanos en Argentina;

iii. asegurar una investigación exhaustiva, completa e imparcial en torno a estos hechos, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;

iv. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del Derecho de toda persona “individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos” (Art.1), y a la obligación del Estado de garantizar “la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (Art. 12.2) ;

v. de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración Universal de los derechos Humanos, Pactos y Convenciones Internacionales ratificados por Argentina.


Direcciones

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Sr. Embajador Alberto J. Dumont, Misión Permanente de Argentina ante las Naciones Unidas en Ginebra, Route de l’Aéroport 10, Case postale 536, 1215 Ginebra 15, Suiza, Fax: +41 22 798 59 95 / +4122.798.19 92 E-mail: mission.argentina@ties.itu.int ;

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Sr. Jorge Remes-Lenikov, Embajador de Argentina en Bruselas, Louisalaan 225, bus 3, 1050 Bruxelles, Bélgica. Tél.: + 32(0)2/647.78.12, +32(0)2/647.90.02 Fax: +32(0)2/647.93.19

·
Sr. Néstor Carlos Kirchner, Presidente de la República Argentina, Casa Rosada, 24 Balcarce,
Buenos Aires, Argentina, AAB1064, Fax: + 5411.434.43800 Fax : +54 114.344.38.45 / + 544.344.38.47

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Dr. Anibal Fernández, Ministro del Interior, FAX: +54 11 43 45 33 36


·

Dr. Alberto Iribarne, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, FAX: +54 114.328.61.48

Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Argentina en sus respectivos países.

***

París-Ginebra, 21 de febrero de 2007

Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.

El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.

Premio de Derechos Humanos de la República Francesa, 1998

Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:

Tel. y fax: FIDH : + 33 1 43 55 20 11 / + 33 1 43 55 18 80

Tel. y fax: OMCT : + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29
E-mail: Appeals@fidh-omct.org



(1) El 24 de marzo de 1976, una Junta Militar dirigida por el comandante en jefe del Ejército, teniente general Jorge Rafael Videla, se tomó el poder. Entre 1976 y 1980, miles de personas fueron asesinadas en las cárceles clandestinas que el régimen organizó en todo el país, y, pese a que los jefes militares reconocían haber derrotado totalmente a las organizaciones guerrilleras, la represión contra la población civil no cesó. En 1977, la Comisión Argentina de Derechos Humanos denunció ante la ONU al régimen militar, acusándolo de cometer 2.300 asesinatos políticos, unos 10.000 arrestos por causas políticas y la desaparición de entre 20.000 y 30.000 personas, muchas de las cuales fueron asesinadas y sepultadas en tumbas anónimas.

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