La designación de Palacios: una provocación a los derechos humanos.

Fuente : Observatorio de Derechos Humanos Ciudad de Buenos Aires
09-07-2009 a las 01:57:50

Finalmente, Mauricio Macri designó al “Fino” Palacios como Jefe de la Policía Metropolitana, en el marco de la atribución que le otorga el artículo 34 de la Ley 2894. La Ley de Seguridad Ciudadana que se dictó el año pasado prevé esta facultad para el Poder Ejecutivo: así se acordó para no trabar la gestión del Poder Ejecutivo. Sin embargo, esa facultad también se acordó en tanto había ciertas promesas y propuestas que implicaban la creación de un cuerpo policial moderno y una conducción intachable y profesional.

Es esto último lo que claramente no se cumplió en el caso de la designación de Palacios. Y su designación es otro eslabón en la cadena que se encuentra construyendo el Gobierno de la Ciudad para la policía local. Esta designación se suma a la posibilidad de que militares ingresen a la Policía Metropolitana, a que sus miembros no tengan el secundario terminado y al veto de la ley que creaba un organismo de control para esa fuerza.

La designación es afirmada tanto por el Jefe de Gobierno como por el Ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro. No se conoce, hasta ahora, el Decreto de designación, entre otras cosas porque la página web del GCBA, desde que cambió la gestión en la Ciudad, funciona más lenta y particularmente al Boletín Oficial es casi imposible acceder. Y si se accede, tampoco puede consultarse, porque los decretos son publicados tardíamente. Esto denota -además- la falta de transparencia de esta gestión.

Desde una mirada que pone su objetivo en los derechos humanos, la designación de Palacios causa absoluta preocupación. Si bien es cierto que no tiene impedimentos legales para ser el Jefe de la fuerza en tanto no reviste en su contra ninguna condena judicial ni fue exonerado de la Policía Federal (art. 47 de la Ley 2894), sus antecedentes demuestran que no configura el modelo de policía que la Ciudad debería tener en cumplimiento de la normativa internacional, la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y particularmente la Ley 2894.

En efecto, la Ley 2894 de seguridad pública, que crea la Policía Metropolitana, pone su acento en la prevención del delito, y en los principios de responsabilidad, gradualidad, legalidad, oportunidad y razonabilidad. Específicamente en el artículo 5º dispone que la seguridad pública se realiza “(…) implementando políticas públicas tendientes a asegurar la convivencia y fortalecer la cohesión social, dentro del estado de derecho, posibilitando el goce y pleno ejercicio, por parte de las personas, de las libertades, derechos y garantías constitucionalmente consagrados”.

Los antecedentes de Palacios no encajan con las perspectivas que tiene esta norma y con el ideal de agente policial que dicha norma promueve. Además, su designación se realizó de forma inconsulta, con todo el arco opositor en contra y enfrentando la opinión de reconocidos actores de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos.

El “Fino” Palacios es cuestionado por Memoria Activa por encubrimiento comprobado en la investigación del atentado en la AMIA. También está involucrado judicialmente en el asesinato de cinco personas fallecidas como consecuencia de la brutal represión del 20 de diciembre de 2001 en la Ciudad de Buenos Aires, Ciudad que ahora tiene la obligación de cuidar. Además, se denunció su complicidad con uno de los imputados del secuestro de Axel Blumberg. Y, como si fuera poco, es cuestionado por su turbia relación con la barra brava de Boca Juniors mientras era jefe de seguridad de ese club cuándo Mauricio Macri lo presidía.

Palacios es el fruto del triunfo de una interna de la Policía Federal Argentina, que los porteños debemos soportar. Palacios es conocido como un funcionario que defiende los métodos represivos de forma franca y sincera. En el año 2003 publicó el libro “Terrorismo en la Aldea Global” en la editorial de la Policía Federal. En esa publicación, dentro de un capítulo titulado “Guerrilla marxista en los 60 y 70”, Palacios señala que “la Argentina era el teatro de operaciones de los revolucionarios marxistas que sembraron violencia y terror en la ciudadanía”. Y para relatar el golpe de Estado del ’76 dice: “La guerrilla no decrece y un nuevo movimiento militar toma el poder (Proceso de Reorganización Nacional), durante el cual el combate contra la guerrilla se intensificó”.

Denominar el terrorismo de estado y las innumerables violaciones a los derechos humanos cometidos en la dictadura miliar como “combate contra la guerrilla” es una visión que no puede ser aceptada en nuestro país. Teniendo este pensamiento y esta impronta ideológica, es muy fácil imaginar qué tipo de policía quiere para nuestra ciudad: represiva; persecutoria de los “diferentes”, de los más vulnerables, despreciando las garantías constitucionales del debido proceso; arbitrariedad y abuso policial, etc.

Nada más lejos de una policía que debe garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y el respeto por los derechos humanos.

Palacios y la Corte Interamericana de Derechos Humanos

En el caso “Bayarri vs. Argentina” la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia del 30 de octubre de 2008, condenó al Estado Argentino a pagarle a Bayarri, un ex policía federal, la suma de 297.000 dólares por daños y perjuicios. Bayarri en 1991 sufrió torturas por parte de otros policías para que confesara el secuestro de Mauricio Macri. La CIDH comprobó este hecho, fijó la suma indicada por los daños y perjuicios y le ordenó al Estado Argentino que capacitara a sus fuerzas de seguridad, de investigación y administración de justicia en "actividades de difusión y formación sobre la prevención de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes".

Palacios fue el Jefe de la investigación del secuestro de Mauricio Macri y es por ese hecho que el actual Jefe de Gobierno y el flamante jefe de la Policía Metropolitana se conocieron. Para resolver ese caso, Palacios recurrió a la tortura. Es este el nuevo jefe de la seguridad de los porteños. Una provocación a la vigencia de los derechos humanos en la Ciudad de Buenos Aires.