Fuente : Observatorio de Derechos Humanos Ciudad de Buenos Aires
09-07-2009 a las 01:57:50
Finalmente, Mauricio Macri designó al “Fino” Palacios como Jefe de la Policía Metropolitana, en el marco de la atribución que le otorga el artículo 34 de la Ley 2894. La Ley de Seguridad Ciudadana que se dictó el año pasado prevé esta facultad para el Poder Ejecutivo: así se acordó para no trabar la gestión del Poder Ejecutivo. Sin embargo, esa facultad también se acordó en tanto había ciertas promesas y propuestas que implicaban la creación de un cuerpo policial moderno y una conducción intachable y profesional.
Es esto último lo que claramente no se cumplió en el caso de la designación de Palacios. Y su designación es otro eslabón en la cadena que se encuentra construyendo el Gobierno de la Ciudad para la policía local. Esta designación se suma a la posibilidad de que militares ingresen a la Policía Metropolitana, a que sus miembros no tengan el secundario terminado y al veto de la ley que creaba un organismo de control para esa fuerza.
La designación es afirmada tanto por el Jefe de Gobierno como por el Ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro. No se conoce, hasta ahora, el Decreto de designación, entre otras cosas porque la página web del GCBA, desde que cambió la gestión en la Ciudad, funciona más lenta y particularmente al Boletín Oficial es casi imposible acceder. Y si se accede, tampoco puede consultarse, porque los decretos son publicados tardíamente. Esto denota -además- la falta de transparencia de esta gestión.
Desde una mirada que pone su objetivo en los derechos humanos, la designación de Palacios causa absoluta preocupación. Si bien es cierto que no tiene impedimentos legales para ser el Jefe de la fuerza en tanto no reviste en su contra ninguna condena judicial ni fue exonerado de la Policía Federal (art. 47 de la Ley 2894), sus antecedentes demuestran que no configura el modelo de policía que la Ciudad debería tener en cumplimiento de la normativa internacional, la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y particularmente la Ley 2894.
En efecto, la Ley 2894 de seguridad pública, que crea la Policía Metropolitana, pone su acento en la prevención del delito, y en los principios de responsabilidad, gradualidad, legalidad, oportunidad y razonabilidad. Específicamente en el artículo 5º dispone que la seguridad pública se realiza “(…) implementando políticas públicas tendientes a asegurar la convivencia y fortalecer la cohesión social, dentro del estado de derecho, posibilitando el goce y pleno ejercicio, por parte de las personas, de las libertades, derechos y garantías constitucionalmente consagrados”.
Los antecedentes de Palacios no encajan con las perspectivas que tiene esta norma y con el ideal de agente policial que dicha norma promueve. Además, su designación se realizó de forma inconsulta, con todo el arco opositor en contra y enfrentando la opinión de reconocidos actores de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos.
El “Fino” Palacios es cuestionado por Memoria Activa por encubrimiento comprobado en la investigación del atentado en la AMIA. También está involucrado judicialmente en el asesinato de cinco personas fallecidas como consecuencia de la brutal represión del 20 de diciembre de 2001 en la Ciudad de Buenos Aires, Ciudad que ahora tiene la obligación de cuidar. Además, se denunció su complicidad con uno de los imputados del secuestro de Axel Blumberg. Y, como si fuera poco, es cuestionado por su turbia relación con la barra brava de Boca Juniors mientras era jefe de seguridad de ese club cuándo Mauricio Macri lo presidía.
Palacios es el fruto del triunfo de una interna de la Policía Federal Argentina, que los porteños debemos soportar. Palacios es conocido como un funcionario que defiende los métodos represivos de forma franca y sincera. En el año 2003 publicó el libro “Terrorismo en la Aldea Global” en la editorial de la Policía Federal. En esa publicación, dentro de un capítulo titulado “Guerrilla marxista en los 60 y 70”, Palacios señala que “la Argentina era el teatro de operaciones de los revolucionarios marxistas que sembraron violencia y terror en la ciudadanía”. Y para relatar el golpe de Estado del ’76 dice: “La guerrilla no decrece y un nuevo movimiento militar toma el poder (Proceso de Reorganización Nacional), durante el cual el combate contra la guerrilla se intensificó”.
Denominar el terrorismo de estado y las innumerables violaciones a los derechos humanos cometidos en la dictadura miliar como “combate contra la guerrilla” es una visión que no puede ser aceptada en nuestro país. Teniendo este pensamiento y esta impronta ideológica, es muy fácil imaginar qué tipo de policía quiere para nuestra ciudad: represiva; persecutoria de los “diferentes”, de los más vulnerables, despreciando las garantías constitucionales del debido proceso; arbitrariedad y abuso policial, etc.
Nada más lejos de una policía que debe garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y el respeto por los derechos humanos.
Palacios y la Corte Interamericana de Derechos Humanos
En el caso “Bayarri vs. Argentina” la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia del 30 de octubre de 2008, condenó al Estado Argentino a pagarle a Bayarri, un ex policía federal, la suma de 297.000 dólares por daños y perjuicios. Bayarri en 1991 sufrió torturas por parte de otros policías para que confesara el secuestro de Mauricio Macri. La CIDH comprobó este hecho, fijó la suma indicada por los daños y perjuicios y le ordenó al Estado Argentino que capacitara a sus fuerzas de seguridad, de investigación y administración de justicia en "actividades de difusión y formación sobre la prevención de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes".
Palacios fue el Jefe de la investigación del secuestro de Mauricio Macri y es por ese hecho que el actual Jefe de Gobierno y el flamante jefe de la Policía Metropolitana se conocieron. Para resolver ese caso, Palacios recurrió a la tortura. Es este el nuevo jefe de la seguridad de los porteños. Una provocación a la vigencia de los derechos humanos en la Ciudad de Buenos Aires.
El golpe de Estado en Honduras relatado desde la clandestinidad.
El Peso del rocío te invita a escuchar este jueves el programa especial sobre el Golpe de Estado en Honduras.
Comunicación telefónica con Radio Progreso. Cerrada el domingo 28 por fuerzas militares, actualmente se encuentra transmitiendo en la clandestinidad. Más información aquí.
Además. Cronología del conflicto. Audios. Y música típica de la región.
Jueves 9 a las 17 hs. por el 88.7 (también on-line).
Amnesty Internacional convoca apoyar al abogado argentino Pablo Salinas amenazado por trabajar en causas de defensa de los Derechos Humanos
AMR 13/003/2007
12 avril 2007
Pablo Gabriel Salinas (h), avocat spécialisé dans la défense des droits humains, ainsi que son épouse et leurs quatre enfants en bas âge
et deux autres avocats spécialisés dans les droits humains :
María Angélica Escayola (f)
Alfredo Guevara Escayola (h)
Pablo Gabriel Salinas, avocat spécialisé dans la défense des droits humains, a reçu des menaces anonymes qui semblent liées à ses activités professionnelles. Amnesty International craint que sa vie et celle de ses proches ne soient en danger.
Le 9 avril, Pablo Salinas a trouvé une lettre anonyme adressée à son nom lorsqu’il est arrivé à son cabinet, situé dans la ville de Mendoza (province de Mendoza). Elle contenait le message suivant : « Tu n’es qu’un fils de pute défendant les criminels qui sont en prison, espèce de salaud, fais gaffe à toi, connard, et à ta putain de famille, avocat de meurtriers, de violeurs et de voleurs ; défends plutôt les victimes de ces dégénérés, raté de merde ! »
Le lendemain, Pablo Salinas a signalé cet événement au parquet de Mendoza (Unidad Fiscal de Delitos Complejos de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza), qui a introduit une requête en sa faveur le jour même auprès de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, afin que les autorités mettent en place des mesures pour protéger cet homme et sa famille.
Pablo Salinas a condamné publiquement, à plusieurs reprises, le recours à la torture et à d’autres formes de mauvais traitements dans les prisons de la province de Mendoza. Il a également représenté des victimes de violences policières, d’exécutions extrajudiciaires et d’autres atteintes aux droits humains perpétrées par des membres des forces de sécurité. Par ailleurs, il a fourni une assistance juridique à des victimes de violations commises en Argentine sous le régime militaire, entre 1976 et 1983. Les activités qu’il a menées à ce titre lui ont valu d’être maintes fois menacé et harcelé. En décembre 2005, il a reçu plusieurs appels téléphoniques de menaces, et des graffitis ont été inscrits sur les murs du cabinet qu’il partageait avec María Angélica Escayola et Alfredo Guevara Escayola, deux autres avocats spécialisés dans les droits humains. À la connaissance d’Amnesty International, ces derniers n’ont été la cible d’aucune autre menace depuis lors.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les défenseurs des droits humains qui travaillent à Mendoza sont souvent la cible d’actes de harcèlement et de menaces. Amnesty International a exprimé ses craintes concernant leur sécurité et a demandé à de multiples reprises que les plaintes déposées dans ces affaires fassent l’objet d’enquêtes approfondies et indépendantes.
ACTION RECOMMANDÉE : dans les appels que vous ferez parvenir le plus vite possible aux destinataires mentionnés ci-après (en espagnol ou dans votre propre langue) :
- dites-vous inquiet pour la sécurité de Pablo Salinas et de ses proches ;
demandez instamment qu’une enquête approfondie et indépendante soit menée sans délai sur les menaces dont ces personnes ont été la cible, que les conclusions de ces investigations soient rendues publiques et que les responsables présumés soient traduits en justice ;
exhortez les autorités à prendre les mesures nécessaires pour les protéger et garantir leur sécurité, conformément à leurs souhaits ;
rappelez aux autorités qu’elles sont tenues de reconnaître la légitimité des activités des défenseurs des droits humains et leur droit de mener celles-ci sans restriction ni crainte de représailles, conformément à la Déclaration des Nations unies sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus.
APPELS À :
Gouverneur de la province de Mendoza :
Gobernador de la Provincia
Ing. Dn. Julio César Cleto Cobos Casa de Gobierno
Av. L. Peltier 351- 4to piso
5500 Mendoza, Argentine
Fax : +54 261 449 2142
Formule d’appel : Sr. Gobernador, / Monsieur le Gouverneur,
Ministre des Affaires étrangères :
Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Sr Jorge Enrique Taiana
Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Esmeralda 1212
1007 Buenos Aires, Argentine
Fax : +54 11 4819 7324
Formule d’appel : Sr. Ministro, / Monsieur le Ministre,
Ministre de la Sécurité de la province de Mendoza :
Sr. Ministro de Seguridad de la Provincia de Mendoza
Dr. Miguel Bondino
Salta 672
5501 Godoy Cruz, Mendoza
Argentine
Fax : +54 261 449 9083 / 9020 (Si une personne décroche, veuillez dire : « Tono de fax por el Ministro, por favor » )
Formule d’appel : Sr. Ministro, / Monsieur le Ministre,
Sous-secrétaire à la Justice pour la province de Mendoza :
Sr. Subsecretario de Justicia de la Provincia de Mendoza
Sr. Gustavo Castiñeira de Dios
Ministerio de Gobierno
Salta 672
5504 Godoy Cruz
Mendoza, Argentine
Formule d’appel : Sr. Subsecretario, / Monsieur,
COPIES À :
Cabinet de juristes :
Rivadavia 680
5500, Mendoza, Provincia de Mendoza, Argentine
Journal de la province :
Diario Los Andes
Avda. San Martin 1049
5500 Mendoza
Argentine
Fax : +54 261 420 2011
Ambassade de la République Argentine
Avenue Louise 225
1050 Bruxelles
Fax : 02.647.93.19
Email : info@embargentina.be
Suscribirse a:
Entradas (Atom)