Sr. Presidente de la República Argentina
Néstor Carlos Kirchner
Sres. Ministros
Aníbal Fernández y Alberto Iribarne
Sres. Embajadores Alberto J. Dumont, Jorge Remes Lenikov y Eric Calcagno y Maillmann
La Norville, 22 de febrero de 2007
De mi mayor consideración :
Me permito escribirles como ciudadana franco-argentina de 38 años, muy preocupada por la situación actual de nuestro planeta en general, y de nuestro país en particular. Dentro de los millones de temas que podría tocar, elijo hoy el que más me parece requerir su atención y dedicación urgente : las condiciones en las que se están desarrollando actualmente los juicios a los ex-represores militares y de organismos policiales, a los miembros de la triple A, así como a los responsables políticos del terrorismo de Estado en la República Argentina durante la década del 70.
Antes de pasar a mi pedido, quisiera felicitar al gobierno actual por la decisión de continuar con un ejercicio democrático tan importante como los juicios, necesarios para construir nuestro país en base a la justicia y la memoria. Lamento sin embargo que no se hayan anulado los indultos, lo cual nos llena de dudas a quiénes no conocemos bien los entretelones de las decisiones políticas, sobre la sinceridad de la decisión de juzgar a los responsables. Por qué no encarcelar ya mismo a quiénes están condenados por juicios finalizados? Esto lo planteo diplomáticamente, pero les quisiera hacer llegar mi más profunda indignación como ciudadana, y mi promesa de que haré todo por que la decisión de anular los indultos logre el apoyo popular más amplio y que ya no queden dudas de que se deba encarcelar a los culpables.
Pero el motivo de mi correo es otro : hoy quisiera pedirles, por no decir exigirles como ciudadana, que hagan todo lo posible por evitar que los juicios se transformen en un mero gesto, en el síntoma del político que hace “como si” hiciese las cosas solamente. Que dice que hará y que en el fondo no hace, buscando o encontrando excusas que lo deshagan de toda responsabilidad. Exijo que se logre ir hasta el final del proceso de los juicios, brindando las condiciones de VIDA y de TRABAJO a todos los hombres y mujeres que participen en el mismo, como para que lo hagan sin arriesgar su salud, su seguridad ni su vida.
Lo que deben hacer ustedes, si no quieren se acusados en el futuro de negligencia, es garantizar que se den las condiciones como para que los juicios se hagan del modo más rápido, confiable y saludable (física y psicológicamente). Pienso en las condiciones de VIDA, en el caso de las personas como los testigos que, como Jorge Julio López, ponen o pondrán su cuerpo y su psiquis en juego y en riesgo en estos contextos. Volver al pasado, rodeados por los miembros de la represión que todavía están libres y que los amenazan, no debe ser fácil. Y de hecho no lo es, como bien lo muestra el caso de la desaparición de Julio López. Este hecho es una mancha en nuestra democracia y la prueba de que no existe gobernabilidad en la Argentina.
Por otro lado, hablo de CONDICIONES DE TRABAJO en el caso de los trabajadores como los jueces, los abogados, los fiscales y los miembros de las ONG que juntan información, la exponen y la usan o usarán para juzgar a los culpables : ellos también se exponen y están en riesgo. Y merecen que se los cuide y proteja si este proyecto es verdaderamente serio y no es un mero gesto hipócrita. El caso reciente del allanamiento del consultorio jurídico del Sr. Horacio Meguira[1] es, desde esta perspectiva, una prueba más de que existe el riesgo en cuestión, y que no se puede hacer “como si” no existiera. Este hombre está expuesto potencialmente a la “condena” de la que tan sutilmente habló el condenado Etchecolatz al finalizar el juicio que lo llevó a la cárcel. La condena de ser perseguido por querer hacer justicia. El rol del Estado argentino, máxime si su gobierno se pone la meta de relanzar los juicios, es el de dar las condiciones de trabajo correspondientes a estos actores clave del proceso. Si no se los protege, se es responsable a término de su destino. Si no se los protege, es como lanzarlos a la boca de los leones indefensos. Y ya todos sabemos que estos leones no se amaestran y que están muy hambrientos, y pueden ir muy lejos si se los molesta.
Luego de esta breve introducción me dirijo entonces a ustedes para pedirles que TODOS LOS ACTORES INTERVINIENTES EN LOS JUICIOS CUENTEN CON LA MAYOR PROTECCION POSIBLE DEL ESTADO. Para lograr esto, exijo que pongan en práctica algunas ideas que los miembros de varias organizaciones han pensado - gratuitamente - para que los responsables políticos como ustedes puedan adoptarlas, si así lo desean. Las ideas son las siguientes:
1. la iniciativa del CELS que propone un programa de coordinación integral del proceso de memoria, verdad y justicia
2. Las acciones en cuanto al caso particular del Sr. Horacio Meguira propuestas por el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) :
a. tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del Sr. Horacio Meguira, de la de todos los miembros del Comité de Acción Jurídica (CAJ) y del Departamento Jurídico de la CTA, y en general de todos los defensores de derechos humanos en Argentina
b. asegurar una investigación exhaustiva, completa e imparcial en torno a estos hechos, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley
c. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del Derecho de toda persona “individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos” (Art.1), y a la obligación del Estado de garantizar “la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (Art. 12.2)
d. de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración Universal de los derechos Humanos, Pactos y Convenciones Internacionales ratificados por Argentina.
Les anexo en la página siguiente el texto que enviara hoy el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos acerca del caso Meguira.
Esperando que lo dicho sea entendido como un pedido de colaboración de parte de los gobernantes ante mi preocupación y la de los ciudadanos que represento, los saludo muy atentamente.
Michelle Aslanides
[1] Adjunto copia de la carta de información enviada esta mañana por el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos en la que detalla el caso, por si no están informados. [en el blog, la carta en cuestion esta detallada en "robo de archivos de abogado CTA
1 comentario:
Su texto, Michelle Aslanides, es una pieza de inteligencia, perspicacia y sensibilidad sobre la situación por la que atraviesan los actores querellantes en los juicios contra los represores asesinos que actuaron como parte del estado terrorista argentino, que imperó en nuestro país durante los años ’70 hasta 1983 en forma abierta y descarada.
Ese estado terrorista no fue desmantelado en su totalidad durante esta era “democrática”, prueba de lo cual son las innumerables víctimas de la represión contra quienes continúan luchando por la igualdad, la justicia y la dignidad.
Represores y asesinos que se cuentan por miles, siguen libres conviviendo con nosotros, disimulados en trabajos supuestamente lícitos como la seguridad oficial y privada, puestos políticos de segundo o tercer nivel, SIDE y otros similares.
Es por ello que el pasado está vivo y camina a nuestro lado, junto a nosotros, en este presente. Y lo seguirá haciendo hasta que la justicia no haya logrado la condena ejemplar que los ciudadanos esperamos, para todos los responsables de los delitos de lesa humanidad que se perpetraron en nuestro país bajo el pretexto de luchar contra la subversión, pero cuyo verdadero objetivo no manifiesto, desde las sombras de los despachos oficiales y privados, era (y fue) liquidar toda resistencia popular a un plan económico que destruyó el aparato productivo nacional, sumió en la pobreza a vastos sectores de la comunidad, elevó la deuda externa pública a niveles astronómicos, beneficiando solamente a quienes se encuentran en la cúspide de la pirámide social (los dueños de la tierra, el capital y el trabajo de los otros) y al capital financiero internacional.
Los responsables políticos y los ejecutores del terror deben ser juzgados y pagar la condena que han contraído con el país y con la historia, pues destruyeron a dos generaciones de argentinos (y no sólo argentinos), entre las que se contaban algunos de los más valientes y lúcidos combatientes en pos de una patria libre, justa e igualitaria.
Síntomas del continuar de la acción de esos elementos nefastos de nuestra sociedad son el cobarde secuestro de Jorge Julio López y el asesinato de innumerables luchadores populares durante las acciones de represión que las fuerzas “del orden” siguen ejecutando durante este período “democrático”, dirigidos por funcionarios hasta los cuales nunca llega sanción por su responsabilidad intelectual y política de tal accionar.
Comparto con usted, igualmente, su exigir a las autoridades nacionales el compromiso absoluto y sin reservas para llevar adelante los juicios correspondientes sin componendas tras bambalinas y asegurando la seguridad e integridad de los actores querellantes en las causas: testigos, abogados y demás.
Finalmente, si bien no lo menciona expresamente se deja deducir, debe quedar en claro que la defensa de los Derechos Humanos no se agota en el juicio y castigo a los culpables del genocidio, sino en garantizar la justicia, el trabajo, la salud, la vivienda, la educación, la protección de la infancia, la protección de la ancianidad y demás acciones que la sociedad debe defender como derechos inalienables de la persona y del ciudadano, con el apoyo decidido del Estado, asumiendo éste su representatividad de la comunidad de habitantes y ciudadanos que habitan el suelo argentino.
Saludándola, felicitándola y expresando mi acuerdo con todo lo que ha vertido en su nota, la saludo fraternalmente.
Ernesto Campanile
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