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Quieren condenar con 6 años de cárcel a estudiantes y docentes por una movilización contra el arancelamiento.
Juicio Oral el 22 y 23 de Febrero.
Tres estudiantes y docentes de la UBA son llevados a juicio oral por una movilización contra el arancelamiento de la universidad.
Pretenden condenarlos a 6 años de cárcel acusándolos por “privación ilegal de la libertad agravada” por una de las movilizaciones realizada en diciembre del 2002 con las que se conquistó la gratuidad de todas las materias de grado en la Facultad de Arquitectura.
Se trata de Gabriel Trebino (presidente del Centro de Estudiantes –CEADIG- al momento de la acusación),
Sebastián Goldfarb (consejero estudiantil en el 2002)
y Lucas Giono (entonces consejero estudiantil y ex presidente del CEADIG; y actualmente docente-investigador de la FADU, consejero directivo por la mayoría del claustro de graduados, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Docente de la FADU y Secretario de Derechos Humanos de la Mesa Ejecutiva de la AGD–UBA).
La causa es impulsada por Marcelo De Cusatis, entonces funcionario de la Facultad de Arquitectura, y hoy funcionario del Rectorado de la UBA. Su abogado -que pidió la elevación a juicio oral- fue Esteban Righi, actual Procurador General de la Nación.
Los estudiantes y docentes fueron sobreseídos en el 2004 por el juzgado de primera instancia. Pero se revocó el sobreseimiento y ahora se eleva la causa a juicio oral, impidiendo la presentación de testigos por parte de la defensa.
Después de la reelección del Rector Rubén Hallú el 16 de diciembre, pretenden dar con este juicio un golpe ejemplificador para criminalizar los reclamos de estudiantes y docentes en la UBA. Al mismo tiempo reactivan otras causas judiciales y sumarios contra más de 20 estudiantes y docentes que enfrentan la política del Rectorado.
Exigimos la absoluciónde Lucas Giono, Gabriel Trebino y Sebastián Goldfarb.
Basta de persecución a estudiantes y docentes de la UBA.
*********Carta abierta de Lucas Giono
"Recuerdo, para quienes no la vienen siguiendo, que esta causa nace en el 2002, a partir de una de tantas movilizaciones con las que los estudiantes –en ese entonces lo éramos- enfrentamos y derrotamos el arancel en la FADU.En esta en particular, frente al rechazo por parte de las autoridades a ofrecer alguna salida al conflicto, una centena de estudiantes le hizo una suerte de batucada al entonces subsecretario académico, Marcelo De Cusatis, actual subsecretario de infraestructura de la UBA, y flamante consejero electo por la mayoría de graduados de la FADU (cargo al que accede por la lista Reforma, con el apoyo de Coalición Universitaria y el todavía Decano Sorín).
Por esa marcha fuimos acusados de privación ilegítima de la libertad agravada, el entonces presidente del CEADIG, Gabriel Trebino, el consejero estudiantil Sebastián Golfarb, y yo, consejero estudiantil y ex presidente del CEADIG (le habíamos ganado a la Franja Morada, hoy Reforma, un año antes).
Fuimos sobreseídos, con un fallo impecable donde el Juez Otero daba cuenta de que “en defensa de un derecho constitucional –el derecho a la educación pública y gratuita- los estudiantes ejercieron otro derecho constitucional, el de manifestarse y peticionar ante las autoridades; frente a la actitud de las autoridades de esa facultad que vulneraban el primer derecho con la política de arancelamiento, y el segundo al agredir a estudiantes”. Además, reconocía que “en ningún momento el querellante –De Cusatis- se vio privado de su libertad, ni tampoco agredido físicamente, lo que supuestamente justificaba la carátula de agravada”. (ver fallo del Juez)
Lamentablemente, el entonces candidato a Fiscal General de la Nación -cargo que ejerce aún hoy- mientras era”candidateado” por el recién electo Presidente Néstor Kirchner, se avino a querellar por los shuberoffistas. Y en días previos a que asumiera su cargo, los fiscales y empleados judiciales recibieron de su futuro jefe el memorial donde reclamaba que los tres estudiantes fuéramos encarcelados.
Llegó a afirmar, para justificarse, que “menoscabar, aunque sea levemente, la libertad ambulatoria” constituye el delito de privación de la libertad agravada. Tres atenuantes, y el término “ambulatoria”, como contrabandeo para tipificar un delito que de sentarse como antecedente, implicaría la criminalización de toda protesta. Por si no alcanzara, especificó en su escrito que el problema de un delito de masa no es la comisión o no del delito, sino la dificultad de identificar a los responsables, pero que afortunadamente, este tipo de movilizaciones “suelen contar con dirigentes más o menos identificables” a quienes “puede y debe adjudicárseles la responsabilidad del hecho”…. Otro antecedente gravísimo en boca de quien es desde entonces jefe de todos los fiscales de la Nación.
Recordemos que este hombre –a quien se candidateaba como el más fiel defensor de los derechos humanos – no sólo mantuvo, sino que aumentó la cantidad de procesados e imputados por la permanente política de criminalización de la protesta.
En fin, para colmo, la cámara de segunda instancia, a cargo de los jueces Navarro y Filosof, desestimó nuestra apelación, aún cuando jamás se habían escuchado a nuestros testigos: profesores, docentes, no docentes y estudiantes que habían presenciado distintos momentos de la movilización.
Sin embargo, cabe destacar los testigos de la querella: además de De Cusatis, se suma el también subsecretario –por aquel entonces- Alejandro Batain (actual director de sede del CBC Ciudad Universitaria), quien en entre otras cosas había golpeado a estudiantes esa noche, al punto de tener que ser retenido por el propio personal de seguridad de la FADU. Se suma igualmente el ex secretario operativo Rodolfo Macera, quien aclaró “que no había estado presente”. También personal de seguridad de la Facultad, ya para cerrar la lista, 14 agentes de la Cria. 33, de los cuales 10 declararon no haber estado presentes, y de los 4 restantes, 3 sólo dieron cuenta de una movilización estudiantil, y el cuarto, un subcomisario, aclaró que no había estado presente, pero que “sabía que se había cometido el delito de privación de la libertad”…
Sin palabras.
Así, sin testigos, fuimos elevados al Tribunal Oral en lo Criminal en diciembre de 2004.
De casi 60 testigos, entre presenciales y “de concepto”, el tribunal sólo aceptó 5, llamativamente, ninguno de ellos presencial (lo que no deja de llamar la atención, si se considera que lo que está siendo evaluado es un hecho…).
Desde entonces, la causa estuvo detenida, hasta que a horas de la feria judicial, nos notifican de la fecha de juicio, para finales de febrero.
Entiendo que esto no es una causa individual, así como lo que se valora no es –ni siquiera en su supuesto- un delito.
En su momento tuvimos el apoyo de cientos de personalidades: desde profesores, docentes, no docentes y estudiantes, y sus gremios y federaciones de la comunidad universitaria, hasta personalidades del ámbito de los derechos humanos y legisladores proviciales y nacionales, de extracción socialista, peronista, radical, etc. Entre ellos se destacan el hoy fallecido Alfredo Bravo, el premio nobel de la paz Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, de Madres de Pza de Mayo, Eduardo Macaluse, Lilita Carrió, Marta Maffei, entre otros.
Las comisiones de Educación y de Derechos Humanos del Congreso Nacional se solidarizaron y exigieron informes a la FADU, que jamás contestó.
Estos apoyos dan cuenta de la gravedad de una causa como esta a dirigentes estudiantiles, como parte de una nefasta política de judicialización y criminalización.
Hoy, cuando en la UBA los rectores se eligen entre palos y gases, y cuando se candidatea a decano de la FADU Martín Marcos, jefe político de De Cusatis, quien afirmó “que a éstos hay que erradicarlos de la universidad, por que son como sendero luminoso”, se reactiva la causa.
Lucas Giono
Diseñador gráfico UBA,
Docente e investigador de la FADU – UBA,
Consejero Directivo por la mayoría del claustro de graduados FADU – UBA
Secretario de DD.HH de la Mesa Ejecutiva de la AGD – UBA."
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