Por Carlos Slepoy *
¿Hasta cuándo hemos de soportar la náusea? ¿Qué es lo que viene sucediendo para que en el país, que se ufanaba de haber terminado con la impunidad, a los genocidas procesados se les declaren libertades provisionales o se les instale en confortables viviendas o "prisiones" militares y a los condenados a reclusión perpetua se les haga cumplir tamaña condena en lujosos countries? ¿Cómo es posible que en el país del que se dice que está en deuda con los derechos económicos y sociales, pero en la mayor excelencia respecto de las violaciones masivas de los derechos humanos cometidos por la dictadura genocida, los juicios se dilaten hasta lo indecible y las causas que se instruyen respecto de un mismo circuito represivo se parcelen en decenas de casos individuales, como si a la unidad represiva no debiera corresponderle la unidad jurisdiccional en la instrucción y juzgamiento de los crímenes? ¿Cuál es el dislate que provoca que un mismo represor esté encartado en múltiples causas en lugar de una sola que atraiga por conexidad todos sus delitos? ¿Hasta cuándo se seguirá utilizando por los tribunales de nuestro país la calificación genérica de crímenes contra la humanidad en lugar de la específica de genocidio cuando ese crimen, y no otro, se cometió contra el pueblo argentino, como ya lo ha declarado el Tribunal Oral Nº 1 de La Plata en las sentencias en que impuso reclusión perpetua en cárcel común y efectiva a Etchecolatz y Von Wernich? ¿Cuándo serán imputados y juzgados los responsables civiles y económicos del genocidio? ¿En qué momento terminarán las reacciones espasmódicas ante hechos que por su gravedad inusitada conmueven a la opinión pública? ¿Por qué no se han designado jueces con plena y exclusiva dedicación para investigar y sentenciar el crimen de crímenes y no se nombran jueces dispuestos a hacerlo en lugar de los que son cómplices o indiferentes ante el exterminio? ¿Cuándo se abrirán los archivos oficiales y los de los centros de exterminio para que las pruebas dejen de recaer exclusivamente en el tesón y el esfuerzo de las víctimas? ¿Qué es lo que impide que el Poder Ejecutivo proponga al Congreso una ley para poner remedio a este caos como lo hizo en ocasión de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, cuando la impunidad se derrumbaba como producto de la presión interna e internacional o que en su defecto sean diputados comprometidos en la lucha contra la impunidad quienes la propongan o que, mientras se tramita, la Corte Suprema adopte medidas urgentes y específicas para adaptar la estructura del Poder Judicial al tratamiento de estos procesos?
En estos días estamos asistiendo a un espectáculo que sólo sería lamentable si no fuera trágico: el Gobierno responsabiliza a los jueces y la Corte Suprema al Parlamento de culpas que son compartidas. Ni uno ni otra ni el otro han hecho nada eficaz para evitar el desastre que muchos desde hace mucho tiempo vienen anunciando (yo mismo he escrito distintos artículos en Página/12 denunciando estas aberraciones y aportando posibles soluciones). El paso del tiempo conspira contra la realización de la justicia, pero aún se está a tiempo si es que se quiere realmente acortarlo y evitar que termine en monumental fraude lo que prometía ser un acontecimiento histórico.
En el plano internacional se crearon tribunales especiales y con posterioridad a la comisión de los hechos para castigar crímenes excepcionales como el genocidio o los crímenes de lesa humanidad. Sería deseable que la Argentina fuera el primer país en hacer lo mismo, abriendo un camino que produciría la admiración y el apoyo universal y a buen seguro se convertiría en una referencia para otros países. Pero ni siquiera ello es necesario si es que no se quiere asumir este ejemplo que consiente nuestra Constitución y viene avalada por el derecho internacional. Basta organizar la administración de justicia en correspondencia con la masividad de los crímenes cometidos. Y de ello son responsables los tres poderes del Estado.
El crimen y la impunidad se le suponen a una dictadura genocida. Juzgar al genocidio como tal es lo que se le presume a una democracia restauradora del imperio de la ley y la vigencia y promoción de los derechos humanos.
La impunidad es un crimen. Mayor aún que los crímenes que ampara cuando es adoptada o consentida por instituciones democráticas, precisamente porque lo hacen en nombre de la democracia. Carecen de sentido si no restauran la justicia. Prevarican. No basta con que las leyes infames hayan sido anuladas. Es preciso terminar con todas las formas de impunidad. Desde las groseras hasta las sutiles. Desde las legales hasta las de hecho.
El formidable movimiento de derechos humanos y organizaciones sociales que doblegó la impunidad se ha hecho acreedor a mucho más que esto.
* Abogado, especialista en derechos humanos
¿Hasta cuándo hemos de soportar la náusea? ¿Qué es lo que viene sucediendo para que en el país, que se ufanaba de haber terminado con la impunidad, a los genocidas procesados se les declaren libertades provisionales o se les instale en confortables viviendas o "prisiones" militares y a los condenados a reclusión perpetua se les haga cumplir tamaña condena en lujosos countries? ¿Cómo es posible que en el país del que se dice que está en deuda con los derechos económicos y sociales, pero en la mayor excelencia respecto de las violaciones masivas de los derechos humanos cometidos por la dictadura genocida, los juicios se dilaten hasta lo indecible y las causas que se instruyen respecto de un mismo circuito represivo se parcelen en decenas de casos individuales, como si a la unidad represiva no debiera corresponderle la unidad jurisdiccional en la instrucción y juzgamiento de los crímenes? ¿Cuál es el dislate que provoca que un mismo represor esté encartado en múltiples causas en lugar de una sola que atraiga por conexidad todos sus delitos? ¿Hasta cuándo se seguirá utilizando por los tribunales de nuestro país la calificación genérica de crímenes contra la humanidad en lugar de la específica de genocidio cuando ese crimen, y no otro, se cometió contra el pueblo argentino, como ya lo ha declarado el Tribunal Oral Nº 1 de La Plata en las sentencias en que impuso reclusión perpetua en cárcel común y efectiva a Etchecolatz y Von Wernich? ¿Cuándo serán imputados y juzgados los responsables civiles y económicos del genocidio? ¿En qué momento terminarán las reacciones espasmódicas ante hechos que por su gravedad inusitada conmueven a la opinión pública? ¿Por qué no se han designado jueces con plena y exclusiva dedicación para investigar y sentenciar el crimen de crímenes y no se nombran jueces dispuestos a hacerlo en lugar de los que son cómplices o indiferentes ante el exterminio? ¿Cuándo se abrirán los archivos oficiales y los de los centros de exterminio para que las pruebas dejen de recaer exclusivamente en el tesón y el esfuerzo de las víctimas? ¿Qué es lo que impide que el Poder Ejecutivo proponga al Congreso una ley para poner remedio a este caos como lo hizo en ocasión de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, cuando la impunidad se derrumbaba como producto de la presión interna e internacional o que en su defecto sean diputados comprometidos en la lucha contra la impunidad quienes la propongan o que, mientras se tramita, la Corte Suprema adopte medidas urgentes y específicas para adaptar la estructura del Poder Judicial al tratamiento de estos procesos?
En estos días estamos asistiendo a un espectáculo que sólo sería lamentable si no fuera trágico: el Gobierno responsabiliza a los jueces y la Corte Suprema al Parlamento de culpas que son compartidas. Ni uno ni otra ni el otro han hecho nada eficaz para evitar el desastre que muchos desde hace mucho tiempo vienen anunciando (yo mismo he escrito distintos artículos en Página/12 denunciando estas aberraciones y aportando posibles soluciones). El paso del tiempo conspira contra la realización de la justicia, pero aún se está a tiempo si es que se quiere realmente acortarlo y evitar que termine en monumental fraude lo que prometía ser un acontecimiento histórico.
En el plano internacional se crearon tribunales especiales y con posterioridad a la comisión de los hechos para castigar crímenes excepcionales como el genocidio o los crímenes de lesa humanidad. Sería deseable que la Argentina fuera el primer país en hacer lo mismo, abriendo un camino que produciría la admiración y el apoyo universal y a buen seguro se convertiría en una referencia para otros países. Pero ni siquiera ello es necesario si es que no se quiere asumir este ejemplo que consiente nuestra Constitución y viene avalada por el derecho internacional. Basta organizar la administración de justicia en correspondencia con la masividad de los crímenes cometidos. Y de ello son responsables los tres poderes del Estado.
El crimen y la impunidad se le suponen a una dictadura genocida. Juzgar al genocidio como tal es lo que se le presume a una democracia restauradora del imperio de la ley y la vigencia y promoción de los derechos humanos.
La impunidad es un crimen. Mayor aún que los crímenes que ampara cuando es adoptada o consentida por instituciones democráticas, precisamente porque lo hacen en nombre de la democracia. Carecen de sentido si no restauran la justicia. Prevarican. No basta con que las leyes infames hayan sido anuladas. Es preciso terminar con todas las formas de impunidad. Desde las groseras hasta las sutiles. Desde las legales hasta las de hecho.
El formidable movimiento de derechos humanos y organizaciones sociales que doblegó la impunidad se ha hecho acreedor a mucho más que esto.
* Abogado, especialista en derechos humanos
